ley 24240 - ley de protección del consumidor

BUENOS AIRES, 22 DE SETIEMBRE DE 1993 / BOLETIN OFICIAL, 15 DE OCTUBRE DE 1993

TITULO I
NORMAS DE PROTECCION Y DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES (artículos 1 al 40)

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES (artículos 1 al 4)

ARTICULO 1 - Objeto.  La presente ley tiene por objeto la defensa  de  los  consumidores  o  usuarios.   Se   consideran  consumidores  o  usuarios,  las  personas   físicas o jurídicas que contratan a título  oneroso para su consumo final   o  beneficio  propio  o  de  su grupo  familiar o   social:
  a) La adquisición o locación de cosas muebles;
  b) La prestación de servicios;
  c)  La  adquisición  de  inmuebles  nuevos   destinados  a vivienda,  incluso los lotes de terreno adquiridos con el mismo fin,  cuando la  oferta  sea  pública  y  dirigida   a  persona  indeterminadas. 

ARTICULO 2 - Proveedores de cosas o servicios.  Quedan obligados  al cumplimiento  de esta ley todas las personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública  o  privada  que,  en  forma   profesional, aun ocasionalmente,  produzcan,  importen,  distribuyan   o comercialicen cosas  o  presten  servicios a consumidores o usuarios.  Se  excluyen del ámbito de esta ley  los  contratos realizados entre consumidores cuyo objeto sean cosas usadas.
  No  tendrán  el  carácter  de  consumidores    o  usuarios,  quienes  adquieran, almacenen, utilicen o consuman bienes  o  servicios  para integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización  o  prestación a terceros.  No están comprendidos en esta ley los servicios  de  profesionales  liberales   que  requieran  para  su  ejercicio  título   universitario y matrícula otorgada  por
colegios  profesionales  reconocidos    oficialmente     o  autoridad  facultada  para  ello,  pero   sí  la  publicidad  que se haga de  su ofrecimiento. 

ARTICULO  3  - Interpretación.  Las disposiciones de esta ley se  integran con las normas  generales  y   especiales  aplicables  a las  relaciones  jurídicas   antes definidas, en particular las de Defensa  de  la Competencia y de Lealtad  Comercial.   En  caso  de  duda,  se   estará siempre a la interpretación más favorable para el consumidor. 

 

CAPITULO II
INFORMACION AL CONSUMIDOR Y PROTECCION DE SU SALUD (artículos 4 al 6)

ARTICULO  4  -  Información.    Quienes  produzcan,  importen,  distribuyan   o   comercialicen  cosas  o  presten  servicios,  deben suministrar a  los   consumidores  o  usuarios,  en  forma  cierta  y objetiva,  información  veraz,  detallada, eficaz y suficiente sobre
las características esenciales de los mismos
.

ARTICULO  5  -  Protección al Consumidor.  Las cosas y servicios deben ser suministrados  o prestados en forma tal que, utilizados en  condiciones previsibles o  normales  de  uso,  no   presenten peligro alguno  para  la  salud  o  integridad física de los consumidores  o  usuarios. 

ARTICULO 6 - Cosas y Servicios Riesgosos.  Las cosas y servicios,  incluidos  los  servicios  públicos  domiciliarios, cuya utilización  pueda suponer un riesgo para la salud  o la integridad física de los consumidores  o  usuarios,  deben  comercializarse   observando  los  mecanismos,  instrucciones  y normas establecidas o razonables  para  garantizar  la seguridad de los mismos.
  En tales casos debe entregarse  un  manual en idioma nacional sobre   el uso, la instalación y mantenimiento  de la cosa o servicio de que  se   trate  y  brindarle  adecuado  asesoramiento.   Igual   obligación regirá en todos los casos en que se  trate  de artículos importados,  siendo  los  sujetos anunciados en el artículo  4   responsables  del contenido de la traducción. 

ARTICULO  7  -  Oferta.   La  oferta   dirigida  a  consumidores  potenciales  indeterminados,   obliga  a  quien  la  emite durante el tiempo  en   que  se realice, debiendo contener la fecha  precisa  de comienzo   y  de finalización,  así  como  también  sus   modalidades, condiciones o limitaciones.
  La revocación  de  la  oferta  hecha  pública es eficaz una vez que  haya  sido  difundida  por medios similares  a   los  empleados  para hacerla conocer. 

ARTICULO 8.- Efectos de la Publicidad.  Las precisiones   formuladas en la publicidad o en anuncios prospectos, circulares u otros medios de difusión obligan al oferente y se tienen por incluidas en el contrato con el consumidor.
En los casos en que las ofertas de bienes y servicios se realicen mediante el sistema de compras telefónicas, por catálogos o por correos, publicados por cualquier medio de comunicación, deberá figurar el nombre, domicilio y número de CUIT del oferente.

ARTICULO  9 - Cosas Deficientes Usadas o Reconstituidas.  Cuando se ofrezcan en forma pública a consumidores potenciales indeterminados cosas  que  presenten   alguna  deficiencia,  que sean usadas  o  reconstituidas   debe indicarse las circunstancia en forma precisa y notoria. 

ARTICULO 10.- Contenido del Documento de Venta.  En el documento que  se   extienda por la venta de cosas muebles, sin perjuicio de la información   exigida  por otras leyes o normas, deberá constar:
  a) La descripción y especificación de la cosa;
  b) El nombre y domicilio del vendedor;
  d) La mención de las características  de  la garantía conforme a lo establecido en esta ley;
  e) Los plazos y condiciones de entrega;
  f) El precio y las condiciones de pago.
  La  redacción  debe  ser  hecha en idioma nacional,  ser   completa, clara y fácilmente legible,  sin  reenvíos a textos o documentos que no  se  entreguen previa o simultáneamente.   Un   ejemplar  debe  ser entregado  al consumidor.  Cuando se incluyan cláusulas adicionales a las aquí indicadas  o  exigibles  en   virtud  de lo previsto en esta ley,  aquéllas deberán ser escritas en letra destacada  y suscritas por ambas partes.
  La reglamentación  establecerá  modalidades  más  simples cuando la  índole  de  la  cosa  objeto  de  la   contratación así lo determine, siempre  que  asegure  la   finalidad  perseguida    por   esta  ley.
(inciso C) - vetado por Dec.Nac. 2089/93- BO 15-10-93)

ARTICULO 10 BIS.- Incumplimiento de la obligación.  El   incumplimiento de la oferta o del contrato por el proveedor, salvo caso fortuito o fuerza mayor, faculta al consumidor, a su libre  elección a:
a) Exigir el cumplimiento forzado de la obligación, siempre que  ello fuera posible;
b) Aceptar otro producto o prestación de servicio equivalente;
c) Rescindir el contrato con derecho a la restitución de lo pagado, sin perjuicio de los efectos producidos, considerando la integridad del contrato.
Todo ello sin perjuicio de las acciones de daños y perjuicios  que correspondan.

 

CAPITULO IV
COSAS MUEBLES NO CONSUMIBLES (artículos 11 al 18
)

GARANTIAS

ARTICULO  11.  - Cuando se comercialicen cosas muebles no consumibles, artículo 2325 del Código Civil, el consumidor y los sucesivos adquirentes gozarán de garantía legal por los defectos o vicios de cualquier índole, aunque hayan sido ostensibles o manifiestos al tiempo del contrato, cuando afecten la identidad entre lo ofrecido y lo entregado y su correcto funcionamiento.
La garantía legal tendrá vigencia por tres (3) meses a partir de la entrega, pudiendo las partes convenir
un plazo mayor.  En caso de que la cosa deba trasladarse a fábrica o taller habilitado, el transporte será realizado por el responsable de la garantía y serán a su cargo los gastos de flete y seguros y cualquier otro que deba realizarse para la ejecución del mismo.

ARTICULO 12. - Servicio Técnico.  Los fabricantes, importadores y vendedores   de  las cosas mencionadas en el artículo anterior, deben asegurar un servicio   técnico  adecuado  y el suministro de partes y repuestos. 

RESPONSABILIDAD

ARTICULO 13.- Son solidariamente responsables del otorgamiento y cumplimiento de la garantia legal,
los productores, importadores, distribuidores y vendedores de las cosas comprendidas en el artículo 11.

CERTIFICADO DE GARANTIA

ARTICULO  14.-   El  certificado de garantía deberá constar por escrito en idioma nacional, con
redacción de fácil comprensión en letra legible, y contendrá como mínimo: 
a) La identificación del vendedor, fabricante, importador o  distribuidor;
b) La identificación de la cosa con las especificaciones técnicas necesarias para su correcta individualización;
c) Las condiciones de uso, instalación y mantenimiento necesarias para su funcionamiento;
d) Las condiciones de validez de la garantía y su plazo  de extensión;
e) Las condiciones de reparación de la cosa con especificación del lugar donde se hará efectiva.
En caso de ser necesaria la notificación al fabricante o importador de la entrada en vigencia de la garantía,dicho acto estará a cargo del vendedor.  La falta de notificación no libera al fabricante o importador de laresponsabilidad solidaria establecida en el artículo 13.
Cualquier cláusula cuya redacción o interpretación contraríen las normas del presente artículo es nula y se tendrá por no escrita.

ARTICULO 15. - Constancia de Reparación.  Cuando la cosa hubiese sido reparada  bajo  los  términos de una garantía legal, el garante estará  obligado  a  entregar    al   consumidor  una  constancia  de  reparación en donde se indique:
  a) La naturaleza de la reparación;
  b) Las piezas reemplazadas o reparadas;
  c) La fecha en que el consumidor  le  hizo entrega de la cosa;
  d) La  fecha  de  devolución  de  la  cosa   al   consumidor. 

ARTICULO  16.  -  Prolongación del Plazo de Garantía.  El tiempo   durante el cual el consumidor  está  privado  del  uso de la cosa en garantía,  por  cualquier causa relacionada con su reparación,   debe computarse como prolongación  del  plazo  de  garantía   legal. 

ARTICULO 17. - Reparación no Satisfactoria.  En los supuestos en  que la   reparación  efectuada no resulte satisfactoria por no reunir la cosa reparada, las  condiciones  óptimas  para cumplir con el uso al que está destinada, el consumidor puede:
  a) Pedir la sustitución de la cosa adquirida  por otra de idénticas características.   En  tal  caso  el  plazo de la garantía   legal  se  computa a partir de la fecha de la entrega  de  la   nueva cosa;
  b) Devolver la cosa en el estado en que se encuentre  a  cambio  de recibir  el  importe  equivalente  a  las sumas pagadas, conforme el precio  actual  en plaza de la cosa, al momento  de  abonarse   dicha suma o parte proporcional,  si  hubiere  efectuado  pagos parciales;
  c) Obtener una quita proporcional del precio.
  En  todos los casos, la opción por parte del consumidor  no  impide la reclamación  de  los  eventuales  daños y perjuicios que pudieren corresponder. 

ARTICULO  18.  -  Vicios  Redhibitorios.   La   aplicación de las disposiciones  precedentes,  no  obsta  a   la  subsistencia   de  la garantía    legal    por  vicios  redhibitorios.   En  caso  de   vicio redhibitorio:
  a) A instancia del  consumidor  se  aplicará  de  pleno   derecho el artículo 2176 del Código Civil;
  b)  El  artículo  2170  del  Código  Civil no podrá ser opuesto al consumidor.

 

CAPITULO V
DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS (artículos 19 al 24)

ARTICULO  19. - Modalidades de Prestación de Servicios.   Quienes presten  servicios    de  cualquier   naturaleza  están  obligados  a respetar los términos,   plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme  a   las  cuales  hayan sido ofrecidos, publicitados o convenidos. 

ARTICULO  20.  - Materiales a Utilizar en la Reparación.  En los contratos de prestación  de servicios cuyo objeto sea la reparación,
mantenimiento,  acondicionamiento,    limpieza    o   cualquier  otro similar, se entiende implícita la obligación a cargo   del  prestador del servicio de emplear materiales o productos nuevos o adecuados  a la  cosa  de  que  se  trate, salvo pacto escrito en contrario. 

ARTICULO 21. - Presupuesto.  En los supuestos contemplados en el  artículo   anterior,  el  prestador  del  servicio  debe   extender un presupuesto  que  contenga  como  mínimo los siguientes datos: 
  a) Nombre, domicilio y otros datos  de identificación del prestador del servicio;
  b) La descripción del trabajo a realizar;
  c)  Una  descripción detallada de los materiales  a  emplear.  
  d) Los precios de éstos y la mano de obra;
  e) El tiempo en que se realizará el trabajo;
  f) Si otorga  o  no garantía y en su caso, el alcance y duración de ésta;
  g) El plazo para la aceptación del presupuesto;
  h) Los números de  inscripción en la Dirección General Impositiva y   en el Sistema Previsional. 

ARTICULO  22.  - Supuestos no Incluidos en el Presupuesto.  Todo servicio,  tarea  o  empleo  material  o  costo   adicional,  que  se evidencie como necesario  durante  la  prestación del servicio y que por   su  naturaleza o características no pudo  ser  incluido  en   el presupuesto  original,  deberá ser comunicado al consumidor antes de su realización o utilización.   Queda  exceptuado  de esta obligación el  prestador  del  servicio  que, por la naturaleza del   mismo,  no pueda interrumpirlo sin afectar  su  calidad  o   sin  daño  para las cosas del consumidor. 

ARTICULO 23. - Deficiencias en la Prestación del Servicio.   Salvo previsión  expresa  y  por  escrito  en   contrario, si dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en  que concluyó el servicio se evidenciaren deficiencias o defectos en el  trabajo realizado, el prestador  del  servicio  estará  obligado  a  corregir    todas  las deficiencias  o  defectos o a reformar o a reemplazar los materiales y productos utilizados  sin  costo  adicional de ningún tipo para el consumidor. 

ARTICULO  24.  -  Garantía.   La   garantía  sobre un contrato de prestación  de  servicios   deberá documentarse por escrito  haciendo constar:
  a)  La  correcta  individualización  del  trabajo   realizado; 
  b) El tiempo de vigencia  de la garantía, la fecha de iniciación de dicho   período  y las condiciones  de  validez  de  la   misma; 
  c) La correcta individualización  de  la persona, empresa o entidad que la hará efectiva. 

 

CAPITULO VI
USUARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS (artículos 25 al 31)

ARTICULO 25.- Constancia Escrita.  Información al Usuario.   Las empresas prestadoras de servicios públicos a domicilio deben entregar al usuario constancia escrita de las condiciones de la prestación de los derechos y obligaciones de ambas partes contratantes.  Sin perjuicio de ello, deben mantener tal información a disposición de los usuarios en todas las oficinas de atención al público.
Las empresas prestatarias de servicios públicos domiciliarios deberán colocar en toda facturación que se extienda al usuario y en las oficinas de atención al público carteles con la leyenda "Usted tiene derecho a reclamar una indemnización si le facturamos sumas o conceptos idebidos o reclamamos el pago de facturas ya abonadas Ley 24.240.
Los servicios públicos domiciliarios con legislación específica y cuya actuación sea controlada por los organismos que  ella contempla, serán regidos por esas normas, aplicándose la presente ley supletoriamente.

ARTICULO 26. - Reciprocidad en el Trato.  Las empresas indicadas en el  artículo  anterior  deben otorgar a los usuarios reciprocidad de trato, aplicando para los  reintegros  o  devoluciones los mismos criterios que establezcan para los cargos por mora. 

ARTICULO  27.  - Registro de Reclamos.  Las empresas prestadoras deben   habilitar  un  registro    de  reclamos,  en   donde  quedarán asentadas las presentaciones de los  usuarios.   Dichos reclamos deben ser satisfechos en plazos perentorios  conforme la reglamentación de la presente ley. 

ARTICULO 28. - Seguridad de las Instalaciones.  Información.  Los usuarios   de  servicios  públicos  que  se  prestan  a   domicilio  y requieren  instalaciones  específicas,  deben   ser  convenientemente informados  sobre las condiciones de seguridad de las  instalaciones y de los artefactos. 

ARTICULO 29. - Instrumentos y Unidades de Medición.  La autoridad competente   queda  facultada  para intervenir en la verificación del buen   funcionamiento de los instrumentos  de  medición  de   energía, combustibles,    comunicaciones,   agua   potable  o  cualquier  otro similar, cuando existan dudas sobre   las lecturas efectuadas por las empresas prestadoras de los respectivos servicios.
  Tanto los instrumentos como las unidades  de  medición, deberán ser los reconocidos y legalmente autorizados.  Las empresas  prestatarias garantizarán   a los usuarios el control individual de los  consumos.
Las facturas deberán  ser entregadas al usuario con no menos de diez (10)   días de anticipación  a  la  fecha  de  su   vencimiento. 

ARTICULO  30.  -  Interrupción  de  la Prestación del Servicio.
Cuando  la  prestación  del  servicio  público     domiciliario    se interrumpa  o  sufra   alteraciones,  se  presume  que  es  por causa imputable   a  la  empresa  prestadora.   Efectuado el reclamo por   el usuario, la empresa dispone de un plazo máximo  de treinta (30) días para demostrar que la interrupción o alteración no  le es imputable.  En  caso   contrario,  la empresa deberá reintegrar el importe  total del servicio no prestado dentro del plazo establecido precedentemente.  Esta disposición  no   es  aplicable cuando el valor del servicio no prestado sea deducido de la factura correspondiente.  El usuario puede interponer  el  reclamo   desde  la interrupción  o alteración del servicio y hasta los quince (15) días posteriores al vencimiento de la factura. 

ARTICULO 30 BIS.- Las constancias que las empresas prestatarias de servicios públicos, entreguen a sus usuarios para el cobro de los servicios prestados, deberán expresar si existen períodos u otras deudas pendientes, en su caso fechas, concepto e intereses si correspondiera, todo ello escrito en forma clara y con caracteres destacados.   En caso que no existan deudas pendientes se expresará: "no existen deudas pendientes".
La falta de esta manifestación hace presumir que el usuario se encuentra al día con sus pagos y que no mantiene deudas con la prestataria.
En caso que existan deudas y a los efectos del pago, los conceptos reclamados deben facturarse por documento separado, con el detalle consignado en este artículo.

ARTICULO 31.- Cuando una empresa de servicio público domiciliario, con variaciones regulares estacionales, facture en un período consumos que excedan en un setenta y cinco por ciento (75 %) el promedio de los consumos correspondientes al mismo período de los dos años anteriores se presume que existe error en la facturación.  Para el caso de servicios de consumos no estacionales se tomará en cuenta el consumo promedio de los últimos doce (12) meses anteriores a la facturación.  En ambos casos, el usuario abonará únicamente el valor de dicho consumo promedio.
A los efectos de ejercer este derecho, el usuario deberá presentar hasta quince (15) días después del vencimiento de la factura en cuestión, las correspondientes a los períodos que corresponda tomar en cuenta a fin de determinar el consumo promedio.
Si el usuario no presentare la documentación respaldatoria dentro del tiempo establecido, el reclamo caerá de pleno derecho y se entenderá que desiste del mismo y se allana al monto facturado.  En ese supuesto deberá abonar el total adeudado con más los intereses y punitorios por el tiempo transcurrido.
La empresa prestataria dispondrá de un plazo de treinta (30) días, a partir del reclamo del usuario, para acreditar en forma fehaciente que el consumo facturado fue efectivamente realizado, en tal caso tendrá derecho a reclamar el pago de la diferencia adeudada, con más los intereses y punitorios correspondientes.  En caso contrario, el pago efectuado tendrá efecto cancelatorio.
En los casos que una empresa prestataria de servicios públicos facturase sumas o conceptos indebidos o reclamare el pago de facturas ya abonadas por el usuario, deberá devolver las sumas incorrectamente percibidas con más de los intereses y punitorios que cobra por mora en el pago de facturas, e indemnizar al usuario con un crédito equivalente al veinticinco por ciento (25 %) del importe cobrado o reclamado indebidamente.  La devolución y/o indemnización se hará efectiva en la factura inmediata siguiente.
La tasa de interés y punitorios por mora en facturas de servicios públicos pagadas fuera de término, no podrá exceder en más de un cincuenta por ciento (50 %) la tasa activa para descuento de documentos comerciales a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina del último día del mes anterior a la efectivización del pago.

 

CAPITULO VII
DE LA VENTA DOMICILIARIA, POR CORRESPONDENCIA Y OTRAS (artículos 32 al 35)

ARTICULO 32. - Venta Domiciliaria.  Es aquella propuesta de venta de una  cosa  o prestación de un servicio efectuada al consumidor en el lugar donde  reside,  en  forma  permanente o transitoria o en su lugar  de  trabajo.   En  ella el contrato  debe  ser   celebrado  por escrito y con las precisiones del artículo 10.
  Lo dispuesto precedentemente  no  es  aplicable a la compraventa de bienes  perecederos  recibidos  por  el  consumidor  y   abonados  al contado. 

ARTICULO 33. - Venta por Correspondencia y Otras.  Es aquella en que la   propuesta  se  efectúa por medio postal, telecomunicaciones, electrónico o similar y  la  respuesta  a  la  misma  se realiza por iguales medios.
  No  se  permitirá la publicación del número postal como   domicilio. 

ARTICULO  34.  -  Revocación de Aceptación.   En los casos de los  artículos  32  y  33,  el consumidor   tiene  derecho  a  revocar  la aceptación durante el plazo   de  cinco (5) días corridos, contados a partir  de la fecha en que se entregue  la  cosa  o  se  celebre  el contrato,  lo   último  que  ocurra,  sin responsabilidad alguna.  Esa facultad no puede ser dispensada ni renunciada.
  El  vendedor  debe  informar  por escrito  al   consumidor  de  esta facultad de revocación en todo documento  que,   con  motivo de venta le sea presentado al consumidor.  Tal   información  debe ser incluida en forma clara y notoria. 
  El consumidor debe  poner  la cosa a disposición del vendedor y los gastos de devolución son por cuenta de este último. 

ARTICULO  35.  - Prohibición.  Queda prohibida la realización de propuesta al consumidor,  por  cualquier  tipo  de  medio, sobre una cosa o servicio que no haya sido requerido previamente  y que genere un   cargo automático en cualquier sistema de débito, que obligue  al consumidor   a  manifestarse  por la negativa para que dicho cargo no se efectivice.
  Si con la oferta se envió una  cosa, el receptor no está obligado a conservarla  ni  a restituirla al remitente  aunque  la   restitución pueda ser realizada libre de gastos. 

 

CAPITULO VIII
DE LAS OPERACIONES DE VENTA DE CREDITO (artículo 36)

ARTICULO 36.- Requisitos.  En las operaciones de crédito para la adquisición  de  cosas  o servicios deberá consignarse, bajo pena de nulidad: el precio de contado,  el  saldo  de deuda, el total de los intereses a pagar, la tasa de interés efectiva  anual,  la  forma de amortización   de  los  intereses,  otros  gastos  si   los  hubiere, cantidad de pagos  a  realizar  y  su   periodicidad, gastos extras o adicionales si los hubiera y monto total   financiado  a  pagar.
El Banco Central de la República Argentina adoptará las medidas conducentes para que las entidades  sometidas  a  su  jurisdicción cumplan, en las operaciones   de  crédito  para  consumo,  con  lo indicado en esta ley. 

 

CAPITULO IX
DE LOS TERMINOS ABUSIVOS Y CLAUSULAS INEFICACES (artículos 37 al 39)

ARTICULO  37. - Interpretación.  Sin perjuicio de la validez del contrato, se tendrán por no convenidas:
a) Las cláusulas  que  desnaturalicen las obligaciones o limiten la responsabilidad por daños;
b) Las cláusulas que importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte;
c) Las cláusulas que contengan cualquier precepto  que  imponga  la   inversión  de  la  carga  de  la prueba en perjuicio del consumidor.
La interpretación del contrato  se hará en el sentido más favorable  para el consumidor.  Cuando existan  dudas  sobre  los alcances de su obligación, se estará a la que sea menos gravosa.
En caso en que el oferente viole el deber de buena  fe  en la etapa previa    a  la  conclusión  del  contrato  o  en   su  celebración  o transgreda  el  deber  de información o la legislación de defensa de la competencia o de lealtad  comercial, el consumidor tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato  o  la  de  una   o más cláusulas.
Cuando el juez declare la nulidad parcial, simultáneamente integrará el contrato, si ello fuera necesario. 

ARTICULO  38. - Contrato de Adhesión.  Contratos en Formularios.
La autoridad de  aplicación vigilará que los contratos de adhesión o similares, no contengan  cláusulas  de  las previstas en el artículo anterior.  La misma atribución se ejercerá  respecto de las cláusulas uniformes,  generales o estandarizadas de los  contratos  hechos  en formularios,   reproducidos  en  serie  y  en  general, cuando dichas cláusulas hayan sido redactadas unilateralmente  por el proveedor de la cosa o servicio, sin que la contraparte tuviere  posibilidades de discutir su contenido.  

ARTICULO 39.- Modificación Contratos Tipo.  Cuando los contratos a los  que   se  refiere el artículo anterior requieran la aprobación de otra autoridad   nacional  o  provincial,  ésta tomará las medidas necesarias para la modificación del contrato tipo  a  pedido  de  la autoridad de aplicación. 

RESPONSABILIDAD

ARTICULO 40.- Si el daño al consumidor resulta del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio, responderán el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y
quien haya  puesto su marca en la cosa o servicio.  El transportista responderá por los daños ocasionados a la cosa con motivoo en ocasión del servicio.  La responsabilidad es solidaria, sin perjuicio de las acciones de repetición que correspondan.  Sólo se liberará total o parcialmente quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena.

 

TITULO II
AUTORIDAD DE APLICACION PROCEDIMIENTO Y SANCIONES (artículos 41 al 59)

CAPITULO XI
AUTORIDAD DE APLICACION (artículos 41 al 44)

ARTICULO  41.  -  Aplicación Nacional y Local.   La Secretaría de Industria y Comercio será  la autoridad nacional de aplicación de la presente ley.  Los gobiernos  provinciales  y  la Municipalidad de la Ciudad  de  Buenos  Aires  actuarán  como   autoridades   locales  de aplicación  ejerciendo el control y vigilancia sobre el cumplimiento de la presente  ley  y  sus  normas   reglamentarias  respecto  a los hechos sometidos a su jurisdicción.   Las provincias, en ejercicio  de sus  atribuciones,  podrán delegar sus funciones en organismos de su dependencia o en los gobiernos municipales. 

ARTICULO 42.- Funciones Concurrentes.  La autoridad nacional de aplicación, sin perjuicio de las funciones que se encomiendan a las autoridades locales  de  aplicación en el artículo 41 de la presente ley, podrá actuar concurrentemente  en  la  vigilancia,  contralor y juzgamiento  de la misma, aunque las presuntas infracciones  ocurran exclusivamente  en el ámbito de las provincias o de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aries. 

ARTICULO 43.- Facultades y Atribuciones.  La Secretaría de Industria y Comercio, sin perjuicio de  las  funciones  específicas, en su carácter de autoridad de aplicación de la presente  ley tendrá las siguientes facultades y atribuciones:
a) Proponer el dictado de la reglamentación de esta ley y  elaborar políticas tendientes a la defensa del consumidor e intervenir  en su instrumentación mediante el dictado de las resolucionespertinentes;
b) Mantener un registro nacional de asociaciones de consumidores;
c) Recibir y dar curso a las inquietudes y denuncias de los consumidores;
d) Disponer la realización de inspecciones y pericias vinculadas con la aplicación de esta ley;
e) Solicitar informes  y  opiniones a entidades públicas y privadas en relación con la materia de esta ley;
f) Disponer de oficio o a requerimiento  de parte la celebración de audiencias   con  la  participación  de  denunciantes    damnificados, presuntos infractores, testigos y peritos.
La Secretaría  de  Industria y Comercio podrá delegar, de  acuerdo con la reglamentación  que  se  dicte,  en  la  Municipalidad   de la Ciudad  de  Buenos  Aires  o  gobiernos   provinciales las facultades mencionadas  en  los  incisos  c), d) y f) de  este  artículo. 

ARTICULO 44.- Auxilio de la Fuerza Pública.  Para el ejercicio  de las atribuciones a que se refieren los incisos d) y f) del artículo 43 de la presente ley, la autoridad de aplicación podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública. 

 

CAPITULO XII
PROCEDIMIENTO Y SANCIONES (artículos 45 al 51)

ARTICULO 45.- Actuaciones Administrativas.  La autoridad nacional de aplicación iniciará actuaciones administrativas en caso de presuntas infracciones a las disposiciones de la presente ley, sus normas reglamentarias y resoluciones que en consecuencia se dicten, de dicten,  de  oficio  o   por  denuncia  de  quien invocare un interés particular  o   actuare  en  defensa  del  interés   general  de  los consumidores.
  Previa instancia conciliatoria, se procederá a labrar  acta  en  la que  se  dejará constancia del hecho denunciado o verificado y de la disposición presuntamente infringida.
  En la misma  acta  se dispondrá agregar la documentación acompañada y citar al presunto infractor  para  que,  dentro del plazo de cinco (5)   días hábiles, presente por escrito su descargo  y  ofrezca  las pruebas que hacen a su derecho.
  Si se  tratare de un acta de inspección, en que fuere necesaria una comprobación  técnica posterior a los efectos de la determinación de la presunta infracción  y  que  resultare  positiva,  se procederá a notificar    al   presunto  responsable  la   infracción  verificada, intimándolo para que  en el plazo de cinco (5) días hábiles presente por escrito su descargo.   En  su  primera  presentación, el presunto infractor deberá constituir domicilio y acreditar   personería. 
Cuando no acredite personería se le intimará para que en el término de cinco (5) días hábiles subsane la omisión bajo apercibimiento de tenerlo por no presentado.
La constancia  del  acta  labrada  conforme  a  lo previsto en este artículo, así como las comprobaciones técnicas que  se  dispusieren, constituirán prueba suficiente de los hechos así comprobados,  salvo en los casos   en que resulten desvirtuados por otras pruebas.
Las pruebas se admitirán  solamente  en  casos  de  existir   hechos  controvertidos y siempre que no resulten manifiestamente inconducentes.   Contra  la resolución que deniegue medidas de prueba sólo se concederá el recurso  de  reconsideración.   La prueba deberá producirse entre el término de diez (10) días hábiles,  prorrogables cuando haya causas justificadas, teniéndose por desistidas aquellas no producidas dentro de dicho plazo por causa imputable al infractor.
En el acta prevista en el  presente artículo, así como en cualquier momento   durante  la  tramitación   del  sumario,  la   autoridad  de aplicación  podrá  ordenar como medida   preventiva  el  cese  de  la conducta que se reputa en violación de esta ley y sus reglamentaciones.
Concluidas las diligencias  sumariales,  se  dictará  la resolución definitiva  dentro  del  término  de veinte (20) días hábiles.  
Sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el    presente  artículo,  la autoridad  de  aplicación gozará de la mayor aptitud  para  dispone medidas técnicas,  admitir   pruebas  o dictar medidas de no innovar.
Contra los actos administrativos que  dispongan  sanciones se podrá recurrir   por  ante  la  Cámara  Nacional  de  Apelaciones    en  lo Cotencioso  Administrativo Federal, o ante las cámaras federales  de apelaciones con  asiento  en  las  provincias,   según corresponda de acuerdo al lugar de comisión del hecho.
El recurso deberá interponerse ante la misma autoridad  que  dictó la resolución,  dentro de los diez (10) días hábiles de notificada y será concedido en  relación  y con efecto suspensivo, excepto cuando se  hubiera   denegado  medidas de  prueba,  en  que  será   concedido libremente.
Las provincias, dictarán  las  normas  referidas  a la actuación de las  autoridades administrativas locales, estableciendo  un  régimen de procedimiento  en  forma  compatible  con  el  de sus respectivas constituciones. 

ARTICULO 46.- Incumplimiento de Acuerdos Conciliatorios.  El incumplimiento de los acuerdos conciliatorios se considerará violación a esta ley.  En tal caso, el infractor será pasible de las  sanciones establecidas en la presente, sin perjuicio del cumplimiento imperativo de las obligaciones que las partes hubieran  acordado.  

ARTICULO 47.- Sanciones.  Verificada la existencia de la infracción, quienes la hayan cometido se harán pasibles de las siguientes sanciones, las que se podrán aplicar independiente o conjuntamente, según resulte de las circunstancias del caso:
a) Apercibimiento;
b) Multa de quinientos pesos ($ 500) a quinientos mil pesos ($ 500000), hasta alcanzar el triple de la ganancia o beneficio  ilegal obtenido por la infracción;
c) Decomiso de las mercaderías y productos objeto de la infracción;
d) Clausura del establecimiento  o suspensión del servicio afectado por un plazo de hasta treinta (30) días;
e) Suspensión de hasta cinco (5) años en los registros de proveedores que posibilitan contratar con el Estado;
f) La pérdida de concesiones, privilegios,  regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare.
En todos los casos, se dispondrá la publicación de la resolución condenatoria, a costa del infractor en el diario de mayo  circulación de la jurisdicción donde se cometió la infracción. 

ARTICULO 48.- Denuncias Maliciosas.  Quienes presentaren denuncias maliciosas o sin justa causa ante la autoridad de aplicación, serán sancionados según lo previsto en los incisos a) y b) del artículo anterior, sin perjuicio de las que pudieren corresponder por aplicación de las normas civiles y penales. 

ARTICULO 49.- Aplicación y Graduación de las Sanciones.  En la aplicación y graduación de las sanciones previstas en el artículo 47 se tendrá en cuenta el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario, la posición en el mercado del infractor, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad de los riesgos, o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización, la reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho.
Se considerará reincidente a quien, habiendo sido sancionado por una infracción a esta ley incurra en otra  de similar naturaleza dentro del término de tres (3) años.  

ARTICULO 50. - Prescripción.  Las acciones y sanciones emergentes de la presente ley prescribirán en el término de tres (3) años.  La prescripción se interrumpirá por la comisión de nuevas infracciones o por el inicio de las actuaciones administrativas o judiciales. 

ARTICULO 51. - Comisión de un Delito.  Si del sumario surgiese la eventual comisión de un delito, se remitirán las actuaciones al juez competente. 

ARTICULO  52.-  Acciones  Judiciales.   Sin   perjuicio  de  lo expuesto,    el     consumidor  y  usuario  podrán  iniciar   acciones judiciales cuando sus  intereses  resulten  afectados   o amenazados.
  La acción corresponderá al consumidor o usuario, a las asociaciones  de consumidores constituidas como personas  jurídicas, a la autoridad  de   aplicación  nacional  o  local  y  al ministerio público.   El  ministerio público cuando no intervenga en el   proceso como parte, actuará  obligatoriamente  como  fiscal   de la ley.   En  caso de desistimiento o abandono de la acción de las  referidas asociaciones  legitimadas, la titularidad activa será asumida por el ministerio público.

ARTICULO  53.- Normas del Proceso.  Se aplicarán las normas del proceso de conocimiento  más  abreviado que rijan en la jurisdicción del tribunal ordinario competente.
  Quienes ejerzan las acciones previstas  en  esta  ley representando un  derecho  o interés individual podrán acreditar mandato  mediante simple acta poder  en los términos que establezca la reglamentación.

ARTICULO 54.- Nota de redacción: VETADO POR D.E. 2089/93

 

CAPITULO XIV
DE LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES (artículos 55 al 58)

ARTICULO 55.- Legitimación.  Las asociaciones de consumidores constituidas como personas jurídicas están legitimadas para accionar cuando resulten objetivamente afectados o amenazados intereses de los consumidores, sin perjuicio de la intervención del usuario o consumidor prevista en el segundo párrafo del artículo 58.  

ARTICULO  56.- Autorización para Funcionar.  Las organizaciones que tengan como finalidad  la  defensa,  información y educación del consumidor,   deberán  requerir  autorización    a  la   autoridad  de aplicación para funcionar como tales.  Se entenderá   que  cumplen con dicho   objetivo,  cuando  sus   fines  sean  los  siguientes: 
  a) Velar  por  el  fiel  cumplimiento  de  las   leyes,  decretos  y resoluciones  de  carácter  nacional,   provincial  o  municipal, que hayan sido dictadas para proteger al consumidor;
  b)  Proponer  a  los  organismos  competentes el dictado de  normas jurídicas o medidas de carácter administrativo  o  legal, destinadas a proteger o a educar a los consumidores;
  c)  Colaborar con los organismos oficiales o privados,  técnicos  o consultivos    para  el  perfeccionamiento  de  la   legislación  del consumidor o materia inherente a ellos;
  d) Recibir reclamaciones  de  consumidores  y  promover   soluciones amigables    entre  ellos  y  los   responsables  del  reclamo; 
  e) Defender y  representar  los intereses de los consumidores, ante la justicia, autoridad de aplicación  y/u otros organismos oficiales o privados;
  f) Asesorar a los consumidores sobre el  consumo  de bienes y/o uso de   servicios,  precios,  condiciones  de  compra, calidad  y   otras materias de interés;
  g) Organizar, realizar y divulgar estudios  de  mercado, de control de   calidad,  estadísticas  de  precios  y  suministrar    toda  otra información de interés para los consumidores;
  h) Promover la educación del consumidor;
  i)  Realizar  cualquier  otra  actividad  tendiente a la defensa  o protección de los intereses del consumidor.

ARTICULO 57.- Requisitos para Obtener el Reconocimiento.  Para ser  reconocidas como organizaciones de consumidores, las asociaciones civiles deberán acreditar, además de los requisitos generales, lassiguientes condiciones especiales:
a) No podrán participar en actividades políticas partidarias; 
b) Deberán   ser  independientes  de  toda  forma  de   actividad profesional, comercial y productiva;
c) No podrán recibir donaciones, aportes o contribuciones de empresas comerciales, industriales o proveedoras de servicios, privadas o estatales, nacionales o extranjeras;
d) Sus publicaciones no podrán contener avisos publicitarios. 

ARTICULO 58.- Promoción de Reclamos.  Las asociaciones de consumidores podrán sustanciar los reclamos de los consumidores de bienes y servicios ante los fabricantes, productores, comerciantes, intermediarios o prestadores de servicios que correspondan, que se deriven del incumplimiento de la presente ley.
Para promover el reclamo, el consumidor deberá suscribir la petición ante la asociación correspondiente, adjuntando la documentación e información que obre en su poder, a fin de que la entidad promueva todas las acciones necesarias para acercar a las partes.
Formalizado el reclamo, la entidad invitará a las partes a las reuniones que considere oportunas, con el objetivo de intentar una solución al conflicto planteado a través de un acuerdo satisfactorio.
En esta instancia, la función de las asociaciones de consumidores es estrictamente conciliatoria y extrajudicial, su función se limita a facilitar el acercamiento entre las partes. 

 

CAPITULO XV
ARBITRAJE (artículo 59
)

ARTICULO 59. - Tribunales Arbitrales.  La autoridad de aplicación propiciará  la  organización  de tribunales arbitrales, que actuarán como amigables componedores o árbitros  de  derecho  según   el caso, para  resolver  las  controversias que se susciten con motivo de  lo previsto  en  esta  ley.   Podrá   invitar  para  que  integren  estos tribunales   arbitrales,    en  las  condiciones  que   establezca  la reglamentación,  a  las  personas     que   teniendo  en  cuenta  las competencias, propongan las asociaciones de  consumidores  y cámaras empresarias.
  Regirá  el  procedimiento  del  lugar  en  que   actúa  el  tribunal arbitral. 

 

TITULO III
DISPOSICIONES FINALES (artículos 60 al 66)

CAPITULO XVI
EDUCACION AL CONSUMIDOR (artículos 60 al 62)

ARTICULO  60.  - Planes Educativos.  Incumbe al Estado nacional, las  provincias  y  municipalidades,    la   formulación  de  planes generales  de  educación   para  el  consumo  y su difusión  pública, fomentando la creación y el funcionamiento de  las  asociaciones  de consumidores   y  la participación de la comunidad en ellas, debiendo propender  a   que  dentro  de  los  planes  oficiales  de   educación primaria y media se  enseÑen  los  preceptos y alcances de esta ley. 

ARTICULO 61.- Formación del Consumidor.  La formación del consumidor debe tender a:
a) Hacerle conocer, comprender y adquirir habilidades para ayudarlo a evaluar las alternativas y emplear sus recursos en forma eficiente;
b) Facilitar la comprensión y utilización de información sobre temas inherentes al consumidor;
c) Orientarlo a prevenir los riesgos que puedan derivarse del consumo de productos o de la utilización de servicios;
d) Impulsarlo para que desempeñe un papel activo que regule, oriente y transforme el mercado a través de sus decisiones. 

ARTICULO  62.  -  Contribuciones  Estatales.  El Estado nacional podrá  disponer  el otorgamiento de contribuciones  financieras   con cargo al presupuesto  nacional  a  las  asociaciones de consumidores para  cumplimentar con los objetivos mencionados  en  los   artículos anteriores.
  En  todos   los  casos  estas  asociaciones   deberán  acreditar  el reconocimiento  conforme a los artículos 56 y 57 de la presente ley.
La  autoridad  de aplicación  seleccionará  a  las   asociaciones  en  función  de  criterios   de   representatividad,  autofinanciamiento, actividad y planes futuros  de   acción  a  cumplimentar  por  éstas. 

 

CAPITULO XVII
DISPOSICIONES FINALES (artículos 63 al 66)

ARTICULO 63. - Para el supuesto de contrato de transporte aéreo, se  aplicarán  las  normas  del  Código  Aeronáutico,   los  tratados internacionales y, supletoriamente, la presente ley.

ARTICULO 64.- (Nota de redacción) MODIFICA LEY 22.802

ARTICULO 65. - La presente ley es de orden público, rige en todo el territorio  nacional  y  entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Boletín  Oficial.   El  Poder  Ejecutivo debe reglamentar la presente ley dentro de los ciento veinte  (120)  días a partir de su publicación. 

ARTICULO 66. - Comuníquese al Poder Ejecutivo.